Hemos realizado la adaptación de nuestro certificado ENS de conformidad con la nueva legislación vigente (Real Decreto 311/2022), una adaptación del ENS más eficaz y eficiente, enfocada a tres objetivos principales, tal como se indica en el mencionado Real Decreto.
¿Qué se pretende con esta nueva legislación?
- Alinear el ENS con el marco normativo y el contexto estratégico existente para garantizar la seguridad en la administración digital. Se trata de reflejar con claridad el ámbito de aplicación del ENS en beneficio de la ciberseguridad y de los derechos de los ciudadanos, así como de actualizar las referencias al marco legal vigente y de revisar la formulación de ciertas cuestiones a la luz de éste, conforme a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 y el Plan Nacional de Ciberseguridad, de forma que se logre simplificar, precisar o armonizar los mandatos del ENS, eliminar aspectos que puedan considerarse excesivos, o añadir aquellos otros que se identifican como necesarios.
- Introducir la capacidad de ajustar los requisitos del ENS, para garantizar su adaptación a la realidad de ciertos colectivos o tipos de sistemas, atendiendo a la semejanza que presentan una multiplicidad de entidades o servicios en cuanto a los riesgos a los que están expuestos sus sistemas de información y sus servicios. Ello aconseja la inclusión en el ENS del concepto de «perfil de cumplimiento específico» que, aprobado por el Centro Criptológico Nacional, permita alcanzar una adaptación del ENS más eficaz y eficiente, racionalizando los recursos requeridos sin menoscabo de la protección perseguida y exigible.
- Facilitar una mejor respuesta a las tendencias en ciberseguridad, reducir vulnerabilidades y promover la vigilancia continua mediante la revisión de los principios básicos, de los requisitos mínimos y de las medidas de seguridad.
¿Qué es exactamente el ENS?
El ENS, en base al establecimiento y desarrollo de unos principios básicos y unos requisitos mínimos, proporciona a las organizaciones que dispongan de sus sistemas de información conformes a sus disposiciones y gestionados en el ejercicio de sus competencias, una protección adecuada de los servicios prestados y de la información tratada por éstos, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios apoyados directa o indirectamente en medios electrónicos.
- Tanto para las organizaciones del sector público como para las pertenecientes al sector privado que les aportan soluciones o les prestan servicios competenciales, lo dispuesto en el ENS permite satisfacer los principios de actuación y los requisitos de seguridad de las Administraciones Públicas que les permitan alcanzar sus objetivos.
- Para los ciudadanos, destinatarios últimos del servicio público, supone la garantía de que las entidades públicas con las que se relacionan reúnen las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar su información y sus derechos.
La certificación ENS para empresas proveedoras de servicios a entidades públicas
De conformidad con lo señalado en el artículo 2 del vigente Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, y en la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, de desarrollo del Real Decreto 311/2022 (ENS), cuando los operadores del sector privado presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas, a los que resulte exigible el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, deberán estar en condiciones de exhibir la correspondiente Declaración de la Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando se trate de sistemas de categoría BÁSICA, o la Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, cuando se trate de sistemas de categorías MEDIA o ALTA, y opcionalmente los de BÁSICA, utilizando los mismos procedimientos que los exigidos en dicha Instrucción Técnica de Seguridad para las entidades públicas.
